En mayo de 1841, en la villa turolense de Alcorisa, Antonio Vicente —comandante del número 26 de la Milicia Nacional y notario público— dirigió a la Audiencia de Aragón un expediente que constituye, a un tiempo, memorial de méritos y denuncia política. El documento se inscribe en un momento particularmente delicado: los primeros años de la Regencia posterior a la Primera Guerra Carlista, cuando el Estado liberal trataba de consolidarse tras un conflicto civil que había fracturado profundamente a la sociedad aragonesa.

El escrito revela la centralidad de la “reputación política” en la España isabelina. Vicente construye su legitimidad mediante una narrativa autobiográfica cuidadosamente articulada. Se presenta como hombre formado en las letras y adepto temprano al constitucionalismo nacido en Cádiz, en torno a la Constitución de Cádiz. Evoca, además, la persecución sufrida en 1823 tras la restauración absolutista, cuando muchos liberales fueron depurados y estigmatizados. Su trayectoria culmina con la movilización armada en 1833 en defensa de Isabel II y la integración en la Milicia Nacional en 1835, institución clave en la defensa del orden constitucional.

En este contexto, la denuncia contra Romualdo Morlán —abogado y juez de primera instancia del partido de Castellote— adquiere un significado que trasciende lo personal. Vicente lo acusa de haber convivido con la facción carlista durante la guerra, cuestionando así su idoneidad para administrar justicia en una comarca aún marcada por la violencia y la polarización. La acusación no es menor: en los años cuarenta, la fidelidad al régimen era considerada condición indispensable para el ejercicio de cargos judiciales.

Las anotaciones marginales muestran el procedimiento administrativo: incorporación del escrito a expedientes sobre jueces del partido y remisión al fiscal para dictamen. Los sellos oficiales —como el de “Dios y la Constitución, Reina”, de 40 maravedís— simbolizan la nueva legitimidad política. El expediente ilustra, en definitiva, cómo la construcción del Estado liberal en Aragón se apoyó tanto en la guerra como en la depuración moral y política de sus funcionarios.