La Las escuelas graduadas a inicios del siglo XX: estructura, desigualdad y conflicto.

Introducción

El estudio de la educación en el ámbito rural constituye una vía privilegiada para comprender las dinámicas sociales, económicas y culturales de una comunidad. En este sentido, el caso de Calanda a comienzos del siglo XX ofrece un ejemplo particularmente revelador de las limitaciones estructurales del sistema educativo en la España contemporánea. El presente trabajo tiene su origen en la localización de una nota de prensa en la Hemeroteca Nacional, en la que se hacía referencia a la situación de las escuelas de la localidad. Este hallazgo motivó una investigación más amplia, cuyos resultados permiten reconstruir el contexto educativo calandino a partir de fuentes hemerográficas, censales y administrativas.

A través del análisis de estos materiales, se pretende evidenciar cómo la educación en Calanda no solo reflejaba las carencias propias del sistema educativo nacional, sino que también reproducía —y en ocasiones acentuaba— las desigualdades sociales y territoriales existentes.

El conflicto de 1922: síntoma de una crisis estructural

En febrero de 1922, el periódico La Provincia, editado en Teruel, publicó un intercambio de artículos entre Luis González, abogado y exalcalde de Calanda entre 1919 y 1920, y Dionisio Ríos, director de las Escuelas Graduadas. En su texto titulado “Cobardía y injusticias”, González denunciaba el supuesto deterioro del cuerpo docente, afirmando que, a diferencia del pasado, muchos maestros de su tiempo enseñaban poco y educaban menos, pese a gozar de mejores condiciones materiales.

La respuesta de Dionisio Ríos, formulada en términos igualmente contundentes, puso de manifiesto la existencia de un conflicto que trascendía lo personal. Más allá de la polémica, este episodio revela un clima de desconfianza hacia la institución escolar y evidencia la percepción social de una enseñanza ineficaz. En este sentido, el enfrentamiento puede interpretarse como un síntoma de una crisis más profunda, vinculada tanto a las deficiencias estructurales del sistema como a las expectativas sociales depositadas en la educación.

Antecedentes históricos: de la enseñanza parroquial a la intervención estatal

Para comprender la situación educativa de Calanda en el siglo XX resulta necesario retroceder a épocas anteriores. La existencia de maestros en la localidad está documentada al menos desde finales del siglo XVI, a través de los registros parroquiales. Aunque se desconoce el funcionamiento concreto de estas escuelas, es probable que estuvieran bajo control eclesiástico, en el marco de la Contrarreforma, que promovió la enseñanza como instrumento de disciplina moral y religiosa.

En este contexto, la educación no constituía un derecho universal, sino un recurso limitado, cuyo acceso estaba condicionado por factores sociales y económicos. La trayectoria de figuras como Gaspar Sanz, hijo de un artesano que logró acceder a la universidad y destacar como músico, representa una excepción en un sistema en el que la movilidad social era reducida y, en muchos casos, vinculada a la carrera eclesiástica.

Será en el siglo XVIII, bajo el influjo de la Ilustración, cuando se planteen reformas más ambiciosas. Intelectuales como Jovellanos, Campomanes o el conde de Aranda defendieron la educación como motor de modernización. Sin embargo, los avances fueron limitados: a comienzos del siglo XIX, apenas el 40% de los niños estaba escolarizado, frente a un exiguo 14% de las niñas, lo que evidencia una marcada desigualdad de género.

La Constitución de Cádiz de 1812 supuso un punto de inflexión al reconocer la importancia de la educación y atribuir a los ayuntamientos la responsabilidad de establecer escuelas de primeras letras. Con ello, la enseñanza dejaba de ser monopolio de la Iglesia y se abría paso a una mayor intervención estatal. No obstante, la aplicación de estas medidas fue irregular, especialmente en el ámbito rural.

Alfabetización y desigualdad social en la Calanda de 1900

El análisis de los censos electorales permite aproximarse al nivel de alfabetización en Calanda a comienzos del siglo XX. Aunque estos datos presentan limitaciones —al referirse únicamente a la población masculina adulta—, ofrecen una imagen significativa de la realidad educativa.

Los resultados indican que apenas algo más de la mitad de los hombres sabía leer y escribir, lo que pone de manifiesto la persistencia de importantes déficits estructurales. La distribución por edades revela, además, una clara evolución generacional: entre los mayores de 40 años predomina el analfabetismo, mientras que la situación mejora notablemente en las cohortes nacidas a partir de mediados del siglo XIX, coincidiendo con la aplicación de la Ley Moyano.

Sin embargo, la alfabetización no se distribuía de manera homogénea. El análisis por profesiones muestra una fuerte correlación entre nivel educativo y posición socioeconómica. Los propietarios y los profesionales liberales presentan tasas elevadas de alfabetización, mientras que entre los jornaleros el analfabetismo alcanza el 75%, y entre los pastores llega al 95%. Estos datos evidencian que la educación funcionaba como un mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales.

Asimismo, la distribución espacial dentro del municipio refuerza esta interpretación. Las zonas céntricas, situadas en el eje que conecta la plaza de San Miguel con el Humilladero, presentan niveles de alfabetización superiores al 50%. Por el contrario, en los barrios periféricos —como la calle de la Agüera, la del Campo o las áreas del Carmen y Santa Águeda— el analfabetismo supera ampliamente a la alfabetización, alcanzando en algunos casos el 80%. De este modo, el mapa educativo de Calanda coincide con su estructura social y urbana.

El modelo escolar: entre la tradición y la insuficiencia

A comienzos del siglo XX, la oferta educativa en Calanda se limitaba a dos centros: una escuela unitaria pública, gestionada por el Ayuntamiento, y una escuela de párvulos dirigida por las Hermanas de Santa Ana. El modelo dominante era el de aula única, con separación por sexos y un elevado número de alumnos por docente.

Las cifras son elocuentes: cerca de trescientos niños y doscientas niñas atendidos por dos maestros. En estas condiciones, la labor educativa resultaba extremadamente limitada, a pesar del compromiso de algunos docentes. Figuras como Joaquín Soler Nuez, Simón Bernal Daudén o Filomena Bernad desarrollaron una labor prolongada y vocacional, pero no pudieron compensar las deficiencias estructurales del sistema.

En 1906, el 30% de la población masculina seguía siendo analfabeta, lo que confirma la insuficiencia del modelo educativo vigente.

Limitaciones estructurales y control institucional

El funcionamiento de las escuelas estaba condicionado por múltiples factores. En primer lugar, las retribuciones de los maestros dependían del Ayuntamiento y de la Junta de Primera Enseñanza, lo que generaba frecuentes retrasos en los pagos, que en algunos casos llegaban a acumular varios años. Esta situación dio lugar al conocido refrán que alude a la precariedad de los docentes.

A ello se sumaba la escasez de recursos materiales, que limitaba la enseñanza a una instrucción básica basada en la memorización. El control pedagógico recaía en la Junta Local de Enseñanza, integrada por autoridades locales y algunos representantes de la sociedad civil, pero carente de formación específica. Según Dionisio Ríos, su labor se reducía a organizar exámenes finales sin rigor pedagógico, lo que cuestiona la eficacia del sistema de evaluación.

La Escuela Graduada: proyecto, resistencias y dificultades

Ante estas limitaciones, a partir de 1911 se planteó la creación de una Escuela Graduada en Calanda. El inspector Agustín del Puente señaló la imposibilidad de que un solo maestro atendiera a casi doscientos alumnos y recomendó la implantación de un sistema más estructurado.

Sin embargo, la puesta en marcha del proyecto se vio obstaculizada por factores económicos, burocráticos y políticos. La creación de la Escuela Graduada implicaba un aumento significativo del presupuesto municipal, que debía pasar de 2.000 a 8.000 pesetas anuales. Este incremento generó resistencias, especialmente entre los sectores conservadores del Ayuntamiento, que consideraban innecesario o incluso peligroso el gasto.

Tras varios años de retrasos, en 1915 se logró la creación de cuatro plazas de maestro, pero la implementación del modelo siguió enfrentándose a dificultades. Entre 1916 y 1921, veintidós docentes pasaron por las escuelas, lo que evidencia una notable inestabilidad. Los bajos salarios y las condiciones de trabajo provocaban continuos traslados y renuncias.

La epidemia de gripe de 1919 agravó la situación, al provocar la muerte de varios maestros y aumentar la dependencia de docentes interinos, en muchos casos sin la formación adecuada.

Factores sociales: el absentismo escolar

A las limitaciones estructurales se sumaban factores sociales que afectaban directamente a la asistencia escolar. A pesar de la obligatoriedad de la enseñanza, muchas familias necesitaban la colaboración de sus hijos en las labores agrícolas, el pastoreo o las tareas domésticas.

Este hecho generaba un elevado absentismo estacional, especialmente durante los periodos de cosecha, cuando las aulas quedaban prácticamente vacías. En consecuencia, la continuidad del proceso educativo se veía seriamente comprometida.

Conclusión

A comienzos de la década de 1920, el sistema educativo de Calanda presentaba una serie de deficiencias que reflejan los problemas estructurales de la España rural. La falta de recursos, la inestabilidad del profesorado, la insuficiencia de infraestructuras y la presión de factores socioeconómicos limitaron la eficacia de las reformas emprendidas.

Como resultado, una parte significativa de la población abandonaba la escuela con una alfabetización precaria. La desigualdad de género persistía, y el acceso a una educación de calidad quedaba restringido a aquellos sectores que podían permitirse la enseñanza privada, generalmente en instituciones religiosas.

En este contexto, la educación no actuaba como un mecanismo de movilidad social, sino como un elemento que reproducía las desigualdades existentes. El caso de Calanda, lejos de ser excepcional, constituye un ejemplo representativo de las dificultades que enfrentó el sistema educativo en el medio rural español durante el tránsito a la modernidad.